José Ugaz
Sánchez Moreno
“Ahora todos se rasgan las vestiduras con Álvarez, pero hace seis meses
él era muy bien recibido”
“NADA ES COMPARABLE A LA CORRUPCION DE FUJIMORI”.
Abogado penalista. Miembro
del directorio internacional de Transparencia Internacional, presidente de
Proética, primer procurador anticorrupción. Prepara un libro de memorias para
junio de este año.
Ana Núñez
Nunca imaginó José Ugaz cuánto cambiaría su vida
después de aquella llamada que le hizo Alberto Bustamante los primeros días de
noviembre del año 2000. Su exprofesor de Derecho Administrativo y entonces
ministro de Justicia lo convocaba para pedirle que lo asesore en el encargo que
le había dado Alberto Fujimori: encarcelar a Montesinos. Ugaz no dudó en
aceptar el pedido. Confiaba en la honestidad de Bustamante (fallecido el 2008)
pese a las discrepancias políticas que tenían. Y esa confianza no le fue mal
pagada. Cuatro o cinco días después de su nombramiento, Fujimori lo quiso
botar, entre otras cosas, por declarar a la prensa que se investigaría la
corrupción "caiga quien caiga". Las afirmaciones de Ugaz hacían que
el todavía Presidente se sintiera amenazado. Cargo de conciencia que le llaman.
Pero Bustamante le dijo a Fujimori que si sacaba a Ugaz, él también se iría."Me
quedé porque Bustamante salvó mi pellejo", recuerda y nos hace otras
revelaciones. Santiago Fujimori le hizo dos propuestas: en 1992, ser contralor
de la República y, posteriormente, que sea vocero de su hermano Alberto en el
divorcio con Susana Higuchi. A la luz de los hechos, tomó las decisiones
correctas.
Fue el primer procurador anticorrupción
que se nombró en el país. Catorce años después, hemos pasado de una corrupción
generalizada a nivel de gobierno central a una corrupción descentralizada. ¿Qué
pasa con nosotros? ¿Hay lecciones que no aprendemos? ¿Somos un país “condenado”
a ser corrupto Yo diría en primer lugar que nada es comparable a la
corrupción de Fujimori y Montesinos. A partir de lo que está pasando en Áncash
dicen: “Sí, tal como Montesinos...”. No, no, no, es otra dimensión. La
corrupción sistémica de la estructura del Estado que afectó al Perú en la
década del fujimorato está muy lejos de parecerse a lo que vemos hoy día y no
tiene precedente tampoco en la historia anterior...
...Coincido en que la corrupción
fujimorista es diferente a lo que estamos viendo…
…¡Es otro animal! En segundo lugar, en el Perú es
claro que la corrupción es un acompañante histórico. ¿Qué estamos viendo ahora?
Las consecuencias de la descentralización del poder. Cuando el poder está
concentrado, la corrupción gira en torno al poder concentrado. Cuando se
desconcentra el poder, se desconcentra la corrupción. El abuso de la delegación
de poderes es lo que estamos viendo hoy.
Coincido en que hay distancias entre
ambos momentos, pero seguimos hablando de corrupción en el Estado. ¿Por qué le
sigue siendo fácil robar a quien llega al poder?
Robert Klitgaard, una de las personas que mejor
ha estudiado los temas de corrupción, decía que la corrupción es la
consecuencia de la concentración del poder, la amplia discrecionalidad de los
funcionarios públicos, y la falta de aplicación de la ley. Simplificando un
poco esa fórmula, yo diría que la corrupción tiene que ver en términos gruesos
con la impunidad, porque cuando hay un acto ilegal que no genera una
consecuencia para quien lo comete, eso puede determinar una serie de actos de
repetición. La impunidad es como el combustible que se echa en la fogata.
Pero después de la década fujimorista,
uno podría pensar que la lógica de las autoridades sería: si Fujimori, que fue
Presidente, está preso y con él exministros, exmagistrados, exgenerales, ¡mejor
no toco la plata del Estado!
Bueno, es una buena pregunta, porque
efectivamente, al poco tiempo de la caída de Fujimori viene el gobierno de
Toledo y su asesor principal termina preso por un acto de corrupción. Luego
viene el gobierno de García y un gabinete entero cae por actos de corrupción.
Finalmente, llega este gobierno y el vicepresidente tiene que renunciar porque
fue sorprendido en un acto de corrupción. Esta tendencia a la repetición tiene
que ver por un lado con ciertas lagunas de impunidad, pero también con cómo
está estructurado el Estado peruano, las faltas de control, y también de alguna
manera con elementos culturales que han desplazado una cultura de la legalidad,
que es la que debería orientar la conducta de los ciudadanos, por una cultura
de sacarle la vuelta a las normas.
Además, somos un país con mucha
tolerancia a la corrupción. Y tenemos esa terrible frase de "no importa
que robe, pero que haga…"
Proética mide hace más de diez años las
percepciones de corrupción en el Perú y persistentemente el 75% de la población
es indiferente ante ella. Esa indiferencia, por cierto, se expresa en frases
tan nefastas como esta de “roba pero hace”. Ese conformismo y ese asumir que
así son las reglas es una consecuencia de la falta de confianza en quienes
dirigen el destino del país y del efecto de espiral que produce ver que las
personas que deberían dar un ejemplo de conducta, apuestan por su beneficio
personal sin que haya consecuencias.
¿Por qué nos cuesta tanto reaccionar como
país ante temas como la corrupción? Sabemos todo lo que pasó hasta que cayó el
régimen fujimorista y ahora hemos tenido que ver morir a Ezequiel Nolasco para
darnos cuenta que algo andaba mal.
Ahí tenemos que hacer un análisis seccionado. Por
un lado, vería qué está pasando con la ciudadanía, y lo que está pasando es lo
que mencionamos hace un momento: hay indiferencia, hay esta suerte de
resignación de que somos así y esto no va a cambiar…
¿…Estamos resignados a que siempre habrá
corrupción en el país?
Ah, pero sin duda y eso se expresa en ese 75%...
Anoche veía un programa de televisión que hizo una encuesta sobre si Fujimori
debía recibir una pensión, y una señora de condición muy humilde dijo que sí se
le debería dar una pensión “porque sí, él robó pero afectó sólo a los ricos. A
los pobres no nos afectó”. Esa señora no es consciente de que todo lo que se
roba al Estado –en el caso del fujimorato una cifra de varios cientos de
millones de dólares– tiene un impacto en su menor nivel de atención de salud,
vivienda, educación para sus hijos, etc. Entonces, hay una suerte de anomia
social porque las consecuencias de la corrupción a veces no son tan visibles o
comprensibles para la ciudadanía.
¿Qué pasa con los mecanismos de control y
fiscalización de nuestro país que no pueden detectar situaciones como las que
ocurrían en Áncash y otros gobiernos regionales no hace un mes ni medio año,
sino mucho tiempo atrás?
Ahí hay una combinación que puede ser muy
peligrosa. Por un lado, hoy día no cabe duda de que las instituciones que
estaban llamadas a poner coto a esto fueron infiltradas. Hemos visto a jueces,
fiscales, y policías que formaban parte de esa organización. En la mañana
escuchaba un programa de radio y pensaba que ahora todos se rasgan las
vestiduras con Álvarez, pero hace seis meses él era muy bien recibido, por ejemplo,
en ese programa. Los propios periodistas tenían una tolerancia y una
convivencia con este señor que era invitado para hablar del Canon cuando debía
responder sobre otros temas.
Todos hemos fallado en mayor o menor
medida.
Yo creo que aquí falló la sociedad peruana en su
conjunto, más aún cuando había lecciones ya dadas del proceso anticorrupción de
la década pasada que no han sido tomadas. Entonces, en primer lugar hubo un
problema de infiltración de estas organizaciones corruptas en sectores importantes
del Estado que son precisamente los llamados a investigar, procesar y sancionar
y por otro lado, creo que está la indiferencia de la que hemos estado hablando
antes, de decir “bueno, eso pasa en Áncash, a mí no me afecta”. Esta
indiferencia a lo Bertolt Brecht hace que el problema no nos afecte hasta que
llega a nuestra puerta.
Años atrás se decía que la Procuraduría
Anticorrupción tenía el peso de la Fiscalía o la Policía en la persecución del
crimen, pero el ex procurador Arbizu dice que hace un año, junto al procurador
del Santa, advirtió de toda esta situación.¿Ha perdido peso la Procuraduría que
ya nadie hace caso al procurador?
(Sonríe) A ver, la Procuraduría no es otra cosa
que la institución que representa la defensa del Estado en el contexto de una
investigación penal. Es verdad que la Procuraduría tuvo una relevancia
desmedida en sus inicios porque el sistema de justicia estaba colapsado.
Conforme se ha ido normalizando la situación, la Procuraduría ha ido volviendo
al nivel que le corresponde, aunque hay que decir también que es verdad que
hubo un desmontaje intencional –desde mi punto de vista– para bajarle el
perfil.
¿En qué momento?
Yo diría que hacia el final del gobierno de
Toledo y el inicio del gobierno de García era evidente que la intención era
mantener una Procuraduría sin voz, sin recursos y probablemente sin los cuadros
técnicos que se requerían. Creo que ahí hubo un desmontaje que termina,
precisamente, cuando regresa este ímpetu que trae el nuevo gobierno y se
designa al procurador Arbizu. Creo también que ahora el procurador Salas está
cumpliendo un papel muy destacado en el rol que le corresponde cumplir, pero no
le pidamos al procurador que sea el Fiscal de la Nación o el presidente de la
Corte, ese no es su papel. Hay que ver dónde están esas responsabilidades.
El Ministerio Público y el Poder Judicial
no actuaron...
...No solamente no actuaron, actuaron activamente
para encubrir que es peor. Por otro lado, hay instituciones que uno no puede
decir que han sido infiltradas, pero teniendo un mandato constitucional para
hacer investigaciones que puedan determinar irregularidades en el sector
público, no lo han hecho. Y me refiero a la Contraloría.¿Por qué la Contraloría
estuvo ausente en auscultar lo que estaba ocurriendo con los recursos públicos
en Áncash, Cajamarca, Tumbes …?
El contralor Fuad Khoury dice que en los
últimos 5 años denunció a casi 2 mil funcionarios públicos y que sólo once
fueron condenados.
Puede ser
cierto eso, no puedo poner en duda la palabra del contralor. Pero yo he
escuchado también de los operadores de justicia y me ha tocado verlo en más de
una oportunidad, que no se producen condenas porque los reportes de Contraloría
son bastante deficientes, porque confunden irregularidades administrativas con
delitos, porque hacen acusaciones sin tener pruebas, porque no hay la calidad
técnica que exige el rigor de una investigación penal… Pero aquí no se trata de
señalar con el dedo a otro, se trata de que todos hagamos un acto de contrición
y de conciencia y evaluemos dónde es que estamos fallando y por qué después de
haberse descubierto lo que se descubrió del año 2000 en adelante, seguimos
debatiéndonos en un ciclo de alta corrupción.
Reincidimos.
Yo participo en foros internacionales sobre
corrupción y el caso peruano de la lucha anticorrupción contra Fujimori y
Montesinos es un caso emblemático de un proceso exitoso. Claro, cuando uno
tiene que contar qué pasó después, nos da mucha vergüenza decir que después de
todo este esfuerzo hoy estamos en una situación, no voy a decir igual que la de
antes, pero no tan buena como debería ser después de las lecciones que hemos
aprendido.
Que no aprendimos, más bien…
Ahí hay un tema de liderazgo, porque creo que si
los presidentes que sucedieron a Fujimori hubieran tenido una actitud distinta…
Yo trabajé con el presidente Toledo los primeros seis meses de su gobierno,
pero usted recordará que tenía congresistas que atacaban permanentemente a la
Procuraduría, que estaban involucrados en actos de contrabando y defraudación
de rentas por importación de autos; había un congresista que trató de contarnos
el cuento de que tenía una biblioteca de un millón de dólares cuando tenía diez
libros y otro que juró "por Dios y por la plata", y él lo permitió y
toleró estando en el poder. Falló el liderazgo ético. Lo mismo ocurrió en el
siguiente gobierno y el actual.
¿Ni Toledo ni García ni Humala han tenido
un verdadero liderazgo ético ante la corrupción?
¡Ni estos tres ni los anteriores tampoco! Perdón,
en los gobiernos democráticos precedentes tuvimos escándalos y del gobierno
militar ni le hablo. En los años de conciencia que yo tengo, el único gobierno
del que puedo decir claramente que fue transparente y no tolerante con
los actos de corrupción fue el gobierno de Paniagua. Fue un gobierno de
transición, fue muy breve, y no sabemos qué hubiera pasado luego. Pero,
digamos, para mí (Paniagua) era un personaje extraordinario. Entonces, es un
problema histórico y creo que tiene que ver con la clase dirigente de este país
que no toma decisiones y no reflexiona..
En el caso del presidente Humala,
actualmente tenemos denuncias contra algunos ministros por conflicto de
intereses y está el caso Onagi. Usted ha dicho sobre él, que le preocupa que
tenga "una actitud ambivalente".
Fíjese, yo tengo la percepción de que el
presidente Humala es una persona honesta. Si uno mira la composición de su gabinete,
creo que en esencia es un gabinete de gente honesta. Es verdad que han
aparecido estos cuestionamientos por conflictos de intereses. Por lo que he
podido leer, en el caso del ministro de Energía y Minas, creo que es una
denuncia fabricada por intereses económicos de otra naturaleza, y el caso de
esta señora en el ministerio del Interior habrá que mirarlo con cuidado.
Entonces, yo no creo que este gobierno sea esencialmente corrupto, a diferencia
de otros donde uno miraba a sus altos funcionarios y tenía varios años de
prontuariado. Pero eso no basta pues. En un país como el Perú, eso no basta.
¿Qué más se necesita? ¿Qué le falta al
presidente Humala?
Necesitamos un líder que más allá del discurso
tome decisiones, ponga los mecanismos a funcionar. Por ejemplo, existe la
Comisión Nacional Anticorrupción que tiene proyectos interesantísimos, pero
nadie habla de ella y hay cosas ahí que no funcionan porque no hay voluntad
política. Corresponde al presidente de la República poner la voluntad política
para que este país se conduzca en términos adecuados, reduciendo los nichos de
corrupción, promoviendo niveles de integridad en la política, los negocios, la
función pública. Eso sin voluntad pública no funciona.
Estos llamados que está haciendo el
Presidente en sus últimas apariciones para que ayudemos a los gobiernos
regionales a "sacudirse" la corrupción no bastan.
Me da la impresión de que el Presidente está más
a la defensiva que pensando en proponer alternativas al país. Además, anda de
muy mal humor últimamente y cada vez que le preguntan, contesta molesto porque
siente que lo están atacando. Pero ese no debería ser el tono de su discurso.
Él debería tener propuestas vanguardistas en esta materia, sobre todo, si él no
es un corrupto, porque no tiene rabo de paja…
Hasta donde sabemos.
Obviamente. Yo al señor Humala no lo conozco,
pero la percepción que tengo y lo que ha pasado estos años me dan la impresión
de que no es una persona comprometida con la corrupción. Pero insisto en que el
elemento central es la voluntad política. Si hubiera voluntad política, habría
que ordenar el Estado en función de una política nacional anticorrupción y ahí
tendrían que estar sentados en una misma mesa, planificando, la Contraloría, la
Fiscalía, la Unidad de Inteligencia financiera, la Policía… porque la grosería
con que se delinque en este país y la poca consecuencia que eso trae es un
combustible para seguir alimentando esta hoguera de corrupción en la que nos
debatimos en estos tiempos.
Hay quienes creen que las comisiones
parlamentarias que se abren para investigar a los presidentes salientes son
persecutorias y desacreditan la figura presidencial. He leído algunos
comentarios suyos al respecto. ¿Las cree necesarias?
Yo me he opuesto por principio y he dicho que el
Parlamento debería dedicarse a lo que es su cometido principal, producir leyes
y fiscalizar al Poder Ejecutivo. Los órganos de investigación son los órganos
técnicos, para eso están la Fiscalía, el Poder Judicial, y la Policía. Cuando
un órgano político se aboca a investigar, los intereses políticos priman. Debo
reconocer que a veces los niveles de corrupción que han infiltrado la Fiscalía,
el Poder Judicial o la Policía hacen que las investigaciones no caminen y en
algunos casos, muy contados, el Congreso hace que avancen. Yo reduciría a su
mínima expresión la labor investigativa del Congreso, que no es lo mismo que eliminar
su labor fiscalizadora. (Diario La
República)
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