DOCENTES PIDEN PAGO DE BONIFICACION
DE PREPARACIÓN DE
CLASES 90 AL 2014
Sesenta y dos docentes
de la Región La Libertad denunciaron ante la tercera fiscalía provincial penal
corporativa de Trujillo del Ministerio Público, al Gobernador del Gobierno Regional Luis Valdez Farías y al
Gerente Regional de Educación de La Libertad Grll, Rafael Martín Moya Rondo y
contra el comité o comisión evaluadora para la priorización de obligaciones
derivadas de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada del Gobierno
Regional de La Libertad, así como contra los funcionarios que resulten
responsables.
Precisan los
denunciantes que hicieron ingresar su expediente el 13 de febrero-2017, que
tienen sentencias a su favor y resoluciones administrativas con montos de pagos
específicos por bonificación especial por preparación de clases e intereses
legales, durante 24 años, desde el 90 al 2014.
Asimismo, hicieron
llegar su queja ante el Órgano de
Control Interno OCI, dela
Gerencia Regional de Educación de La Libertad, pidiendo investigación respecto
de incumplimiento de deberes funcionales de parte del Gerente de La Grell y de
los que resulten responsables, por no haber sido incluidos oportunamente en el
registro del aplicativo del MEF el año 2016. Piden la intervención de la OCI
para que el año 2017 sea comprendido en el aplicativo citado.
Los cargos materia de
la denuncia son por delito de omisión, rehusamiento o demora de actos
funcionales.
Precisan los quejosos
en su escrito que fueron perjudicados pues solo les cancelaron sumas diminutas
entre los mil tres mil soles; sin embargo en otros lugares del país recibieron
40 mil soles, porque la autorización expresa era pagar hasta 50 mil soles.
Están pidiendo que para
este años 2017 sean considerados como lo dispone la ley N°30518, del
presupuesto fiscal para el presente año, que dispone la continuación de proceso
de atención de pago de sentencias judiciales, con calidad de cosa juzgada, para
pagos de los beneficiarios que no supere los 50 mil soles, en un plazo de 60
días calendarios y no ser perjudicados como ocurrió el año 2016. Firman los 62
peticionarios con su respectivo número de DNI.
