Procuradora Municipal pidió disculpas

También está incurso prófugo Daniel Marcelo

CANDIDATA AL CONGRESO Y REGIDORA DE LA ESPERANZA

DENUNCIADA POR COBROS INDEBIDOS EN EL MUNICIPIO

Procuradora Municipal pidió disculpas

Entre el 2017 y 2018, durante la gestión de Daniel Marcelo como alcalde de la municipalidad de La Esperanza, se realizaron pagos por concepto de aguinaldos a funcionarios de confianza. Todo, se supone, de acuerdo a ley; pero la Contraloría, a través de un informe de control, hizo público un perjuicio económico a la mencionada municipalidad de 116,799.67 soles.

Según el Informe de Control Específico N° 3959-2019-CG/GRLIB-SCE, en diciembre de 2017 la gestión apepista entregó irregularmente a 23 gerentes y subgerentes 41,500 soles. En julio de 2018 se benefició a 21 funcionarios con 33,799.67 soles, y en diciembre de ese mismo año, otros 22 recibieron S/ 41, 500.

MAGALY RUIZ

Dentro de las denunciadas está implicada la actual candidata al Congreso de la República y regidora Magaly Ruiz Medina, quien fue funcionaria del prófugo ex alcalde de La Esperanza de Daniel Marcelo, quien también está implicado y denunciado, por indemnización por daños y perjuicios a la Municipalidad de La Esperanza.

PROCURADORA PIDIO DISCULPAS

La procuradora municipal, Merly Haydee Acosta Julián, quien acudió a la sesión de concejo (24-02-2021) ante reiterados pedidos de la regidora Juanita Amaya, pidió disculpas, porque pasándose por encima de la aprobación del Concejo Municipal hizo la denuncia de los cobros indebidos ante el Juzgado Mixto de La Esperanza. (Situación irregular que hubiera llevado a que regresen el expediente, quizás después de seis meses a mas). Prometió subsanar la “irregularidad”, pero antes en la próxima sesión tiene que el Concejo Municipal autorizar de acuerdo al:

ARTÍCULO 9.- ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL Corresponde al concejo municipal:

Artículo 23: “Autorizar al procurador público municipal, para que, en defensa de los intereses y derechos de la municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales el órgano de control interno haya encontrado responsabilidad civil o penal